El conflicto por la intervención del Partido Justicialista (PJ) de Salta ha escalado tras decisiones judiciales y partidarias contradictorias. La jueza federal María Servini declaró nula la intervención inicial, argumentando que fue decidida por el Consejo Nacional del PJ, un órgano sin competencia para tomar tal medida. Según el fallo, los motivos esgrimidos para la intervención, como el apoyo de legisladores salteños a iniciativas del presidente Javier Milei, no constituyen fundamentos suficientes.

Sin embargo, horas después del fallo, el Congreso Nacional del PJ, reunido de manera virtual, ratificó la intervención con 453 votos a favor y 38 en contra. Esta decisión busca subsanar las objeciones legales planteadas por Servini, otorgando un marco formal a la medida. La intervención, liderada por Sergio Berni y María Luz Alonso, ha sido defendida por el kirchnerismo como una acción necesaria para mantener la coherencia política del partido.

Por su parte, Antonio Hucena, secretario general del PJ salteño, calificó la intervención como arbitraria y anunció que evaluarán apelar la decisión del Congreso Nacional. Hucena argumentó que el PJ salteño no incurrió en irregularidades que justificaran la intervención y criticó lo que considera una imposición desde Buenos Aires.

El conflicto ha tenido repercusiones en las elecciones provinciales del 11 de mayo, donde el PJ salteño no logró obtener bancas significativas. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también expresó su descontento, señalando que la intervención perjudicó al partido en los comicios.

Este caso refleja las tensiones internas dentro del peronismo, exacerbadas por diferencias en el apoyo a políticas nacionales y la lucha por el control político dentro del partido. Mientras tanto, el futuro del PJ de Salta permanece incierto, con posibles nuevas disputas judiciales y políticas en el horizonte.