Dalma y Gianinna Maradona, hijas del fallecido astro del fútbol, solicitaron la detención preventiva de la exjueza Julieta Makintach, recientemente destituida, en el marco de la causa penal que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona. La presentación fue realizada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola ante el Juzgado de Garantías de San Isidro, argumentando que la exmagistrada incurrió en conductas que ponen en riesgo el proceso judicial, como la perturbación de testigos, la manipulación de pruebas y el hostigamiento a quienes declararon en su contra.

Makintach, quien perdió sus fueros tras ser apartada de su cargo por el denominado "escándalo del documental", enfrenta cargos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. Según la querella, la exjueza habría utilizado su posición para influir en testigos y manipular el desarrollo del juicio, lo que llevó a la anulación del proceso y a la postergación de las audiencias clave.

Entre los episodios señalados, se menciona el envío de mensajes intimidatorios a una custodia policial y el contacto impropio con una médica testigo, así como actitudes hostiles hacia periodistas que cubrían el caso. Los abogados de la familia Maradona también solicitaron medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con testigos y personal vinculado a la investigación.

Por su parte, Julieta Makintach rechazó las acusaciones y calificó el pedido de detención como "un disparate", asegurando que la decisión de su destitución aún no está firme y que recurrirá a instancias superiores para apelar. Su defensa sostiene que no existen elementos suficientes para justificar la detención y que la exjueza tiene derecho a expresarse públicamente sobre el caso.

El abogado Rodolfo Baqué, representante de una de las partes involucradas, también se opuso a la detención, argumentando que la libertad durante el proceso es un derecho fundamental y que las declaraciones mediáticas no afectan el expediente judicial. La Justicia deberá ahora evaluar los pedidos y definir si hace lugar a las medidas solicitadas por la querella, en un caso que sigue generando repercusiones en el ámbito judicial y mediático argentino.