Juan José Sant’Anna, ex sacerdote uruguayo, permanece prófugo en Salto, Uruguay, tras ser acusado de abusar sexualmente de 30 menores en un internado de Tapacarí, Bolivia, entre 2005 y 2007. A pesar de la gravedad de las denuncias y de la alerta internacional emitida por Interpol, Sant’Anna nunca fue detenido ni extraditado, y lleva 17 años viviendo en la casa de sus padres, en un barrio tranquilo de la ciudad.

El caso salió a la luz en noviembre de 2007, cuando el entonces arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, confirmó públicamente los abusos y pidió perdón a las víctimas. La Iglesia Católica inició el proceso de expulsión de Sant’Anna, que se concretó en 2011, y ofreció ayuda psicológica a los afectados. Sin embargo, la reacción institucional fue lenta y permitió que el ex sacerdote escapara antes de la intervención policial.

Según testimonios recogidos por medios bolivianos y uruguayos, Sant’Anna citaba a los menores en su habitación, los encerraba y los sometía a distintos tipos de abuso sexual. La justicia boliviana lo declaró rebelde y solicitó su captura internacional, pero la falta de recursos y de cooperación entre países impidió su detención. En entrevistas concedidas a periodistas, Sant’Anna reconoció parcialmente los hechos y expresó estar "destrozado" y "recontra arrepentido", aunque evitó asumir responsabilidades directas y no pidió perdón a las víctimas.

El caso se ha convertido en símbolo de la impunidad que rodea los delitos sexuales cometidos por religiosos en Bolivia, donde se registran unos 30 casos de abuso sexual al día, el 80% de ellos contra menores. Organizaciones de derechos humanos y abogados han exigido la reapertura del expediente y la posibilidad de juzgar a Sant’Anna en Uruguay, amparados en el artículo 10 del Código Penal uruguayo. Sin embargo, hasta el momento no existe una solicitud formal de extradición ni avances judiciales significativos.

Mientras tanto, Sant’Anna continúa viviendo en Salto, aislado y sin contacto con la comunidad, mientras las víctimas y sus familias siguen esperando justicia y reparación. El caso ha reavivado el debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional frente a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia.