El gobierno argentino ha ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos a quienes aporten información que permita la captura de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y prófugo de la justicia. Apablaza, de nacionalidad chilena, es buscado por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Cristián Edwards, ambos hechos que marcaron la historia reciente de Chile.

El operativo para detenerlo, realizado en la localidad bonaerense de Moreno, fracasó cuando la policía no logró encontrarlo en su domicilio. La orden de detención, firmada por la jueza María Servini, tenía como objetivo su extradición a Chile, donde sería juzgado por delitos considerados graves y vinculados al terrorismo. La defensa de Apablaza sostiene que la medida es ilegal y viola la Convención de Refugiados, ya que su estatus de refugiado político, otorgado en 2010, fue revocado en 2017, pero el caso sigue judicializado.

El gobierno chileno, a través del ministro del Interior Claudio Alvarado, expresó su decepción por el fracaso del operativo y solicitó a la Argentina redoblar los esfuerzos para lograr la detención. "Vamos a avanzar en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato cumpla su condena como corresponde en nuestro país", declaró la ministra vocera Mara Sedini.

El caso Apablaza se produce en un momento delicado de la relación bilateral, a pocos días de la visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Buenos Aires. La extradición de Apablaza ha sido un tema recurrente en la agenda entre ambos países, y su resolución es vista como un test para la cooperación en materia de seguridad y justicia.

Apablaza reside en Argentina desde los años 90 y ha presentado múltiples recursos judiciales para evitar su extradición, alegando persecución política. El proceso ha atravesado diferentes gobiernos y decisiones judiciales, reflejando la complejidad de los vínculos entre Argentina y Chile en temas de derechos humanos y justicia internacional. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas para la relación bilateral y la política interna de ambos países.