El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha iniciado un proceso histórico para reformar la Constitución provincial, un hecho que no ocurría desde hace 63 años. Con una mayoría simple de 33 bancas obtenidas por su coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, Pullaro busca adelantar la reforma para el mes de julio, tras las elecciones municipales.

Uno de los temas más controvertidos es la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador, lo que ha generado divisiones tanto dentro como fuera del oficialismo. "Tener mayoría no nos da la razón", afirmó Pullaro, destacando la necesidad de consenso en un proceso que podría definir el futuro político de la provincia.

La reforma también ha atraído la atención de la Iglesia Católica, que ha solicitado incluir la protección de la vida desde la concepción en el texto constitucional. Este pedido ha reavivado debates sobre derechos reproductivos, ya regulados a nivel nacional, y ha generado críticas por intentar influir en un proceso que debería ser laico y plural.

En paralelo, Pullaro ha iniciado reuniones con líderes de otros bloques políticos para definir los temas y el cronograma de la reforma. Sin embargo, la oposición, liderada por Juan Monteverde, ha expresado reservas sobre los tiempos propuestos, argumentando que son insuficientes para un debate profundo.

La reforma podría incluir medidas como la ficha limpia para candidatos y la ampliación de derechos ciudadanos, aunque algunos críticos señalan que estos ya están garantizados por leyes nacionales. Además, se espera que el proceso tenga un impacto significativo en el panorama político nacional, especialmente en un año electoral.

La última reforma constitucional en Santa Fe fue en 1962, y la actual ley de reforma establece 42 artículos sujetos a modificación. Entre ellos, destacan propuestas para eliminar la confesionalidad del Estado y consagrar la separación entre el orden civil y cualquier credo religioso.

El proceso de reforma constitucional en Santa Fe no solo es un ejercicio político, sino también un reflejo de las tensiones y desafíos que enfrenta la provincia en su búsqueda por modernizar su marco legal y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.