El empresario Marcelo Porcel, de 51 años, es investigado por la Justicia argentina tras ser denunciado por presuntos abusos a menores, compañeros de colegio de su hijo en el Colegio Palermo Chico, en la ciudad de Buenos Aires. La causa, que ya cuenta con al menos diez denuncias formales, se encuentra en etapa de instrucción bajo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard y el fiscal Pablo Turano.

Según fuentes judiciales y testimonios de las familias, los hechos habrían ocurrido en reuniones organizadas por Porcel en su domicilio, en oficinas y en un departamento de su madre en Puerto Madero. Durante estos encuentros, los adolescentes eran presuntamente incitados a consumir alcohol y participar en apuestas y retos a cambio de dinero. "Todo comenzaba con invitaciones casuales a la casa u oficina del acusado, organizadas a través de grupos de WhatsApp con nombres código", relató una de las víctimas en Cámara Gesell.

Las pruebas reunidas incluyen fotos y mensajes hallados en el teléfono móvil de Porcel, así como testimonios coincidentes de los menores, quienes describieron un patrón sistemático de abuso. El abogado de las familias, Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la detención del empresario y criticó la lentitud del proceso judicial: "Por la gravedad de los hechos, la acción debería haber sido otra. Cada víctima es diferente y cada hecho puede ser distinto, el juez debe tomar indagatoria".

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Justicia autorizó a Porcel a salir del país para asistir a un casamiento en Uruguay entre el 17 de diciembre y el 5 de enero, tras un pedido de su defensa. Mientras tanto, se le impusieron restricciones de acercamiento a las víctimas y se secuestraron dispositivos electrónicos para peritaje.

El Colegio Palermo Chico, por su parte, activó los protocolos de protección y puso los hechos en conocimiento de las autoridades educativas. "El cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional", expresó la institución en un comunicado. La familia Porcel ya no forma parte de la comunidad educativa.

El caso ha generado conmoción en la sociedad y reabre el debate sobre la protección de menores en ámbitos escolares y la respuesta judicial ante denuncias de abuso. Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas procesales, mientras la investigación continúa bajo secreto de sumario.