El ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses, se ha convertido en el foco de una grave controversia tras la difusión de imágenes que muestran a delfines y lobos marinos en estanques deteriorados y con agua en mal estado. Vecinos y organizaciones de protección animal, como la Fundación Fauna Argentina, denunciaron públicamente el presunto abandono de los animales, generando una fuerte conmoción en la ciudad y una rápida reacción de las autoridades municipales.

El presidente de la Fundación Fauna Argentina, Juan Antonio Lorenzani, compartió en redes sociales fotografías y testimonios que evidencian la situación de los animales. "A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono", expresó Lorenzani, mientras que vecinos que lograron ingresar al predio afirmaron que los ejemplares "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida". La denuncia se viralizó rápidamente, intensificando la presión sobre los responsables del predio y el bienestar de los animales.

Ante la gravedad de las acusaciones, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció la presentación de una denuncia penal contra los responsables y ordenó una inspección ocular y una pericia técnica urgente. "En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal", sentenció Montenegro, quien anticipó que, de confirmarse el maltrato, se solicitará una cautelar de cuidado integral para los animales afectados.

Por su parte, las autoridades del acuario negaron las acusaciones de abandono y emitieron un comunicado en el que aseguran que 24 empleados, entre veterinarios, biólogos y cuidadores, continúan asistiendo diariamente a los animales. Detallaron que el agua de los estanques se mantiene a 20ºC y se controla químicamente, mientras que se suministran aproximadamente 160 kilogramos de alimento diario. Además, informaron que más de la mitad de los animales ya fueron trasladados y que los restantes aguardan trámites administrativos y logísticos para su reubicación.

El ex Aquarium, que funcionó durante 32 años como espacio educativo y de rehabilitación de fauna marina, cerró sus puertas en marzo tras desacuerdos sobre el alquiler del predio. La empresa propietaria había prometido la reubicación de los animales nacidos en cautiverio, pero la situación actual pone en duda el cumplimiento de ese compromiso y el bienestar de los ejemplares restantes. La controversia se amplifica por la falta de comunicación oficial previa y el trasfondo inmobiliario del predio, mientras la comunidad espera el resultado de las investigaciones y pericias ordenadas por la justicia.