El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó la invitación para participar en la vigilia oficial por el Día de la Independencia en Tucumán, encabezada por el presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada tras recibir la invitación del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien ofició de anfitrión en el evento que reunió a autoridades nacionales y provinciales.

Fuentes cercanas a Kicillof explicaron que el mandatario bonaerense condicionó su presencia a la realización de una reunión de trabajo con el gobierno nacional, enfocada en temas de gestión y en particular en el reclamo de fondos adeudados a la provincia de Buenos Aires, estimados en $17,8 billones. "Si vamos a compartir algo con Milei, que sea una reunión de trabajo", señalaron desde La Plata, subrayando la prioridad de discutir cuestiones concretas que afectan a la provincia.

Mientras tanto, Kicillof aprovechó la conmemoración del 9 de Julio para reforzar su postura crítica hacia el modelo impulsado por Milei. A través de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas, el gobernador bonaerense reivindicó la defensa de la soberanía nacional y el rol del Estado. "La Patria no se vende, se defiende", expresó en una publicación, marcando diferencias con el discurso oficialista centrado en la libertad económica y las reformas estructurales.

El acto en Tucumán contó con la presencia de al menos 11 gobernadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien viajó en una comitiva separada de la presidencial. El evento fue transmitido por cadena nacional y se desarrolló en un clima de tensión política, reflejado en los mensajes cruzados entre oficialismo y oposición.

En paralelo, Kicillof continúa tendiendo puentes con sectores de la Unión Cívica Radical y otros actores políticos, en el marco de una estrategia para construir una alternativa electoral de cara a 2027. El radicalismo bonaerense, sin embargo, mantiene posturas diversas respecto a posibles alianzas, mientras el gobernador busca consolidar su liderazgo opositor.

La relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional sigue marcada por diferencias sobre la distribución de fondos y el modelo de gestión, anticipando nuevos capítulos de tensión política en el futuro inmediato.