A once años de la primera movilización de #NiUnaMenos, miles de personas se congregaron este 3 de junio en distintas ciudades argentinas para exigir el fin de la violencia de género y justicia para las víctimas de femicidio. La marcha principal tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, y contó con la participación de sindicatos, partidos políticos y organizaciones feministas.

El reciente femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, junto a los casos de Dulce Candia y Noelia Romero, reavivó el reclamo social y puso en evidencia la persistencia de patrones de impunidad y desprotección. Según datos de observatorios y ONGs, desde 2015 se registraron más de 3.400 femicidios en el país, con un promedio de una mujer asesinada cada 30 a 31 horas. El 83% de las víctimas conocía a su agresor y solo el 18% había denunciado previamente, lo que refleja la dificultad de acceder a mecanismos de protección efectivos.

Familiares de víctimas y activistas denunciaron la falta de respuestas estatales y la revictimización mediática. Verónica Camargo, madre de Chiara Páez, expresó: “Sigue fallando el sistema judicial, que no actúa como corresponde. Este hombre tenía denuncias previas. Dejaron libre a una persona que privó de la libertad a una mujer y el fiscal lo dejó libre por falta de mérito”.

El movimiento #NiUnaMenos, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015, se consolidó como un espacio de denuncia y movilización colectiva frente a la violencia de género. Sin embargo, organizaciones feministas advierten sobre el desmantelamiento de políticas públicas y la falta de mecanismos nacionales de protección. “El plan nacional para el abordaje de las violencias de género está desmantelado y por primera vez en 40 años de democracia no hay un mecanismo nacional que aborde este tema”, señaló Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

La movilización de este año también repudió proyectos legislativos que, según organizaciones de mujeres, podrían desalentar las denuncias y favorecer la impunidad. El reclamo central sigue siendo la prevención, protección y justicia para todas las víctimas, en un contexto de persistente desigualdad y violencia estructural.