El despido de la jefa de la delegación del PAMI en El Bolsón y la suspensión de dos trabajadores tras su adhesión a un paro nacional ha desencadenado un conflicto sindical de gran magnitud en la provincia de Río Negro. La medida, formalizada el 1 de julio, se basó en una denuncia anónima que acusaba a los empleados de cerrar la oficina local el 18 de junio, coincidiendo con una movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner.

Según fuentes oficiales, la decisión fue comunicada mediante telegramas y estuvo acompañada por un refuerzo de la seguridad en la sede del PAMI, ante la posibilidad de manifestaciones. La diputada libertaria Lorena Villaverde celebró públicamente la sanción, argumentando que "se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos".

Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y los empleados afectados sostienen que la oficina nunca cerró completamente y que se mantuvieron guardias mínimas, como lo exige la normativa durante medidas de fuerza. "La sanción es ilegal e intimidatoria, no se respetaron los procedimientos internos ni se dio derecho a réplica", afirmó Fabián Tumino, delegado sindical. ATE anunció la judicialización del caso y la realización de movilizaciones en toda la provincia para exigir la reincorporación de los trabajadores.

El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y los sindicatos estatales, con denuncias de persecución política y reducción de servicios en organismos como el PAMI. Además, la región enfrenta dificultades adicionales por la falta de recursos y la reducción de prestaciones, lo que ha generado preocupación entre los jubilados y usuarios.

Mientras tanto, el gobierno sostiene que la medida busca garantizar la atención a los beneficiarios y evitar el uso político de las instituciones públicas. El desenlace del conflicto podría sentar un precedente para futuras disputas laborales en la provincia y a nivel nacional.