El pasado 4 de abril, durante un entrenamiento antidisturbios en la base de la Armada Argentina en Vicente López, Brisa Páez, una marinera voluntaria de 21 años, sufrió una brutal agresión que la dejó en coma farmacológico durante 11 días. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis miembros de la Armada por este hecho, destacando la violencia de género e institucional involucrada.

Entre los procesados se encuentra Juan Gabriel Escobar, ex pareja de la víctima, quien permanece detenido con prisión preventiva. Según el fallo judicial, Escobar agredió a Páez con una patada que la hizo caer de espaldas, provocándole lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. La jueza señaló que el ataque estuvo motivado por sentimientos de superioridad, celos y menosprecio hacia la mujer, y calificó el acto como un claro caso de violencia de género.

El entrenamiento, que simulaba un operativo antidisturbios, fue realizado sin la preparación adecuada y bajo condiciones cuestionables. Testigos declararon que los instructores actuaron como manifestantes, utilizando fuerza excesiva contra los participantes. Además, se reveló que superiores jerárquicos intentaron encubrir el incidente, instruyendo a los marineros a mentir sobre las lesiones sufridas.

La jueza Arroyo Salgado destacó que el caso refleja una preocupante distancia entre las prácticas institucionales de la Armada y las exigencias legales y constitucionales en materia de derechos humanos. En su fallo, recomendó revisar los protocolos de entrenamiento y adoptar medidas para incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en la formación militar.

Además de Escobar, otros cinco militares fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, mientras que dos imputados fueron sobreseídos. La jueza ofició al Ministerio de Defensa y al Senado para que tomen conocimiento del caso y adopten medidas correctivas.

El caso ha generado un amplio debate sobre la violencia institucional y de género en las Fuerzas Armadas, así como sobre la necesidad de actualizar los reglamentos y protocolos de entrenamiento. Organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del incidente como un ejemplo de las fallas estructurales en instituciones jerárquicas. Mientras tanto, Brisa Páez continúa su recuperación en el Hospital Militar Central, donde se evalúan posibles secuelas neurológicas.