La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a quienes acusó de utilizar el aparato estatal para perseguir a opositores políticos. La polémica se desató tras la detención de varios militantes peronistas, entre ellos Eva Mieri, jefa de la bancada kirchnerista en el concejo de Quilmes, por su presunta participación en un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert.

El incidente, que incluyó la colocación de pasacalles y el arrojo de excremento de caballo en la vivienda de Espert, se produjo en el marco de protestas para exigir la libertad de Cristina Kirchner y expresar rechazo al gobierno nacional y al Poder Judicial. Mendoza, a través de sus redes sociales, cuestionó la prioridad de las autoridades: “¿Por qué no se ocupan de investigar y encarcelar a los narcos que operan y crecen en el país?”, preguntó, sugiriendo además que Espert habría utilizado un avión de dudosa procedencia durante su campaña, en referencia a un escándalo de 2019 que involucró a un empresario luego detenido por narcotráfico.

El kirchnerismo sostiene que las detenciones son una represalia política y denuncia la existencia de "presos políticos" en Argentina. Mendoza y otros funcionarios locales, como el secretario de Comunicación de Quilmes, Alberto De Fazio, exigieron la liberación inmediata de los militantes, señalando directamente a Milei, Bullrich y Arroyo Salgado como responsables.

Por su parte, Espert y fuentes cercanas niegan cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguran que todos los gastos de campaña fueron debidamente auditados. La jueza Arroyo Salgado otorgó prisión domiciliaria a una de las detenidas, mientras que otras permanecen en cárcel común, lo que ha intensificado el reclamo de los sectores opositores.

El caso se produce en un contexto de alta polarización política y judicialización de la protesta, reavivando viejas disputas entre el oficialismo y la oposición. El debate sobre la existencia de "presos políticos" y el uso del Estado para perseguir a quienes piensan distinto sigue dividiendo a la sociedad argentina, mientras se esperan definiciones judiciales y políticas sobre el futuro de los detenidos.