La diputada nacional Gabriela Flores, representante de La Libertad Avanza por Salta, admitió públicamente que su hijo utilizó pasajes oficiales del Congreso para viajar a Buenos Aires, donde cursa estudios universitarios. La declaración, realizada en una entrevista radial, desató una fuerte polémica sobre el uso de fondos públicos y la coherencia del discurso de austeridad que promueve su espacio político.

Flores reconoció que, en alguna oportunidad, su hijo viajó con pasajes asignados a su función legislativa y defendió la práctica al afirmar: "No es un delito". La legisladora argumentó que la distancia entre Salta y Buenos Aires y el desarraigo familiar justifican el uso de los pasajes, aunque la normativa vigente establece que estos recursos deben destinarse exclusivamente a actividades oficiales.

La difusión de una imagen de Flores y su hijo en el aeropuerto de Salta fue el detonante del escándalo. Consultada por medios locales, la diputada sostuvo: "También le he dado pasajes para otras cosas. No tengo nada que esconder". Sin embargo, la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública y el decreto 1084/2024 prohíben expresamente el uso de recursos estatales para beneficio personal o de familiares.

La controversia llevó a Flores a renunciar a la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventud en la Cámara de Diputados, aunque continuará como vicepresidenta primera. La decisión fue comunicada en una reunión formal de la comisión, en la que se designó a una nueva titular de la oposición.

El episodio generó críticas de la oposición y de la opinión pública, que señalaron la contradicción entre el discurso anti-privilegios de La Libertad Avanza y la conducta de algunos de sus referentes. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, expresó en redes sociales: "Los libertarios se sienten con similares 'derechos'. Son la peste".

Este caso se suma a otros recientes que ponen en cuestión la ética y el uso de recursos públicos por parte de funcionarios, en un contexto de ajuste fiscal y demandas de transparencia. El debate sobre los privilegios en la política argentina vuelve así al centro de la escena, con implicancias para la credibilidad de los discursos de austeridad y cambio.