La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra el exdiputado nacional José Fernando Orellana, actual legislador provincial en Tucumán, por abuso sexual simple. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó un recurso de queja presentado por la defensa del acusado, dejando firme la sentencia inicial.

El caso se remonta al 11 de noviembre de 2016, cuando Orellana, entonces diputado nacional, acosó a una asesora dentro de un despacho del Congreso. Según el expediente, el exlegislador utilizó su posición de poder para intimidar a la víctima, llegando a besarla contra su voluntad. Las pruebas incluyeron testimonios, filmaciones y un informe psicológico que respaldaron la acusación.

Inicialmente, Orellana había sido sobreseído, pero la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) logró reabrir el caso. En 2022, el juez Federico Salvá del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 dictó la condena, que fue confirmada en 2024 por la Cámara Nacional de Casación Penal. La sentencia también incluyó la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, así como la extracción de su perfil genético para el Banco de Datos Genéticos.

Durante el juicio, Orellana negó las acusaciones, calificándolas de un intento de perjudicar su carrera política. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el recurso presentado por su defensa no cumplía con los requisitos formales, lo que llevó a la ratificación de la condena.

El caso ha generado reacciones diversas. Organizaciones feministas han celebrado la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género. Por otro lado, Orellana ha insistido en su inocencia y ha calificado el fallo como injusto, aunque asegura que no lo quebrantará. "Si yo hubiera sido mala persona, habría una lluvia de denuncias", declaró a la prensa.

Este fallo se suma a otros casos de abuso sexual que involucran a figuras políticas en Argentina, subrayando la importancia de la intervención judicial en la protección de los derechos de las víctimas. La condena de Orellana establece un precedente significativo en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político.