La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, quedó en el centro de la polémica tras calificar la Educación Sexual Integral (ESI) como una "trampa mortal" y referirse al aborto como "la cultura de la muerte". Sus declaraciones, realizadas en entrevistas y a través de sus redes sociales, generaron un fuerte rechazo de parte de legisladores, periodistas y organizaciones sociales, así como el respaldo de sectores conservadores.

Muzzio defendió su postura argumentando que "solo hay dos sexos, como establece la biología" y que la ESI ha sido permeada por "doctrinas identitarias" que, según ella, desorientan a los niños y adolescentes. "No dije nada fuera de lugar", sostuvo, y denunció haber recibido insultos y amenazas tras sus declaraciones. "La magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado", expresó en un extenso posteo en X.

El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, debió responder en la Legislatura ante la insistencia de la oposición sobre la postura oficial. "La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia", afirmó, intentando marcar distancia de las opiniones personales de Muzzio.

El diputado socialista Esteban Paulón intimó a Muzzio a retractarse y anunció que avanzará con una denuncia penal por discriminación. Por su parte, Muzzio reconoció los efectos positivos de la ESI en la detección de abusos sexuales, pero propuso que esos contenidos se aborden en programas específicos, separados de lo que considera "formación ideológica".

El debate sobre la ESI y los derechos reproductivos se da en un contexto de creciente polarización en la sociedad argentina. La ley de ESI, vigente desde 2006, ha sido defendida por organismos de derechos humanos y salud, mientras que sectores conservadores cuestionan sus contenidos. Muzzio, de perfil católico y conservador, ha ocupado diversos cargos en la gestión porteña y mantiene vínculos con la Iglesia.

La controversia reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la educación sexual y la protección de derechos, y expuso tensiones internas en el oficialismo porteño, que busca equilibrar el cumplimiento de la ley con las posturas personales de sus funcionarios.