El conflicto por los fondos y obras públicas entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires se profundizó en los últimos días, tras la formalización del reclamo por parte del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al flamante ministro del Interior, Diego Santilli. Bianco solicitó una reunión para exigir la restitución de los fondos recortados y la reactivación de más de 1000 obras que, según la administración provincial, fueron abandonadas por la Nación.

El pedido, realizado tanto por carta como en redes sociales, recibió una respuesta irónica de Santilli, quien escribió: "Dale Carli, gracias! Tomo nota", acompañando el mensaje con un emoji de pulgar arriba. Horas más tarde, Santilli profundizó su postura en una conferencia de prensa, justificando la falta de convocatoria a Kicillof por no haber adherido al Pacto de Mayo, al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y a leyes de seguridad impulsadas por el gobierno nacional. "Hay que ser coherentes. No pidan algo por redes sociales y después hagan otra cosa", afirmó Santilli, quien también deslizó críticas a la interna del peronismo bonaerense.

El reclamo bonaerense incluye la devolución de casi $13 billones y la finalización de obras estratégicas como la Autopista Presidente Perón y el dragado del Canal Magdalena, además de la reactivación del dragado del Río Salado, paralizado desde diciembre de 2023. La suspensión de estas obras ha tenido consecuencias directas, como las recientes inundaciones en el interior de la provincia.

Mientras tanto, Santilli inició una ronda de reuniones con gobernadores aliados para buscar consensos en torno a las reformas y el Presupuesto 2026, dejando en suspenso el encuentro con Kicillof. El gobierno nacional sostiene que el recorte de fondos responde a la necesidad de alcanzar el superávit fiscal y prioriza el diálogo con quienes apoyan sus políticas.

La administración bonaerense, por su parte, busca herramientas legales para continuar las obras y profundizar los reclamos jurídicos por los fondos adeudados. El conflicto pone de manifiesto la tensión política y fiscal entre Nación y Provincia, en un contexto de reformas y ajustes que impactan directamente en la gestión de los recursos y el desarrollo territorial. El desenlace de este enfrentamiento podría definir el futuro de la obra pública y la relación institucional entre ambos niveles de gobierno.