El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue hallado muerto el pasado 3 de abril en un departamento del barrio porteño de Palermo, en circunstancias que han generado una investigación judicial de alto perfil. Junto a su cuerpo, la policía encontró un arsenal de ampollas de medicamentos hospitalarios, entre ellos fentanilo de la firma HLB Pharma Group, cuya comercialización está prohibida en Argentina desde mayo de 2025 por disposición de la ANMAT tras detectarse lotes contaminados vinculados a un brote bacteriano y a la muerte de más de un centenar de personas.

Según el adelanto de la autopsia, la causa de muerte fue una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar. El informe forense detalló la presencia de una venopuntura con halo equimótico en el codo derecho, sin otras lesiones ni signos de violencia, y estimó que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo. No obstante, la fiscalía dispuso estudios toxicológicos y químicos para determinar si hubo intervención de sustancias prohibidas o adulteradas.

Durante la inspección, los investigadores secuestraron 112 ampollas de fármacos críticos, jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares. La fiscalía investiga la trazabilidad y el origen de los medicamentos, en particular el fentanilo, que podría estar vinculado a la trama de drogas adulteradas que investiga el juez federal Ernesto Kreplack. Este caso se suma a otros recientes, como la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, también en Palermo, en circunstancias similares.

El entorno de Bentancourt, especialmente familiares y amigos de Gualeguaychú, descarta la hipótesis de suicidio y sostiene que el enfermero pudo haber sido víctima de una trama mayor relacionada con el desvío de medicamentos hospitalarios. "Sabía de más y armaron una escena de película", declaró una amiga cercana, mientras la comunidad organiza una colecta para trasladar los restos a su ciudad natal.

La investigación continúa abierta, con la fiscalía y la policía analizando los resultados de los estudios pendientes y la posible conexión con el circuito ilegal de distribución de fármacos. El caso reaviva el debate sobre el control de medicamentos y la seguridad en el sistema de salud argentino, en un contexto de creciente preocupación por el desvío y la adulteración de drogas hospitalarias.