El fallecimiento de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la violencia infantil en Argentina. La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense reveló que el menor presentaba al menos 21 lesiones cerebrales, compatibles con el denominado "síndrome del sacudón", una forma grave de maltrato físico. Según el informe, las lesiones no fueron producto de un accidente, sino de un maltrato sistemático y prolongado.

El 5 de abril, Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después. El personal de pediatría, al constatar lesiones sospechosas, activó el protocolo de alerta y notificó a las autoridades, lo que permitió iniciar rápidamente la investigación penal.

La madre del niño, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González, fueron detenidos e imputados por homicidio agravado por el vínculo. Durante la audiencia de imputación, ambos mantuvieron silencio, aunque el padrastro declaró su inocencia y negó cualquier tipo de maltrato. El juez Alejandro Soñis dictó prisión preventiva por seis meses, argumentando riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

El caso ha puesto en tela de juicio las decisiones previas del Juzgado de Familia, que había restituido la tenencia de Ángel a su madre en noviembre de 2025. Un informe escolar elaborado en ese período ya alertaba sobre cambios emocionales y de conducta en el niño. Además, vecinos y familiares denunciaron episodios de violencia en el hogar.

La muerte de Ángel reabre el debate sobre la violencia doméstica infantil en el país. Informes oficiales señalan que en 2025 casi mil menores denunciaron violencia doméstica, y en el 80% de los casos los agresores son los propios progenitores. Organizaciones y familiares exigen justicia y una revisión de los mecanismos de protección a la infancia, mientras la investigación judicial continúa para esclarecer responsabilidades y evitar nuevas tragedias.