La muerte de Alejandro Zalazar, un joven anestesista de 29 años, conmocionó al sistema de salud porteño y destapó una compleja red de robo y consumo recreativo de fármacos hospitalarios. Zalazar, conocido como "Alito" entre sus colegas, fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo. Junto a su cuerpo, la policía encontró frascos de propofol y fentanilo, potentes anestésicos de uso exclusivo hospitalario, así como una bomba de infusión y material descartable para inyecciones.

La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue edema pulmonar y meningoencefálico, aunque se esperan los resultados toxicológicos para confirmar la presencia de las sustancias halladas en la escena. La investigación judicial, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera, apunta a una red de robo y distribución de anestésicos desde el Hospital Italiano de Buenos Aires. Dos profesionales de esa institución, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, fueron separados de sus cargos e imputados judicialmente tras allanamientos en sus domicilios.

El Hospital Italiano denunció el robo de estupefacientes y reforzó los controles internos sobre la gestión de medicamentos. En un comunicado, la institución aseguró que "ninguna de las personas involucradas continúa desempeñando funciones" y que se trabaja junto a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires para prevenir casos similares en otros centros de salud.

Las investigaciones revelaron la existencia de fiestas privadas, conocidas como "Fiestas del propofol", donde se administraban estos fármacos en un contexto recreativo, bajo una improvisada supervisión médica. En algunos casos, se ofrecían "viajes controlados" a clientes externos, con la presencia de un "controlador" encargado de intervenir en caso de emergencia.

El caso expuso debilidades en los controles de medicamentos críticos en hospitales porteños y abrió un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de trazabilidad. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires indicó que los protocolos se activan solo ante denuncias formales, mientras que la investigación judicial se centra en la figura de administración fraudulenta, ya que el propofol no figura en el listado federal de estupefacientes.

La muerte de Zalazar y el escándalo en el Hospital Italiano podrían tener repercusiones en otros centros de salud si surgen nuevas pruebas. Por ahora, la causa avanza en la justicia ordinaria, mientras el sistema de salud revisa sus procedimientos para evitar que hechos similares se repitan.