La decisión del gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante el decreto 461/2025 ha generado una ola de críticas y preocupación en diversos sectores. El organismo, con más de 93 años de historia y responsable del mantenimiento y control de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, fue cerrado como parte del programa de “obra pública cero” impulsado por la administración de Javier Milei. La medida afecta directamente a más de 5.245 empleados y deja en incertidumbre el futuro de la infraestructura vial argentina.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la justicia laboral, solicitando la suspensión del decreto y la garantía de continuidad laboral y salarial para los trabajadores. El escrito, patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, sostiene que el cierre viola derechos laborales y humanos fundamentales, y que el Ejecutivo no tiene la potestad legal para disolver un ente autárquico creado por ley. “Se genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores”, advierte el recurso judicial.

El impacto de la medida se extiende a la seguridad vial y la economía. Organizaciones como Conduciendo a Conciencia alertan que la supresión del mantenimiento y control de las rutas nacionales incrementará los siniestros viales y las muertes evitables. Diego Molina, referente de la ONG, afirmó: “Eliminar a quien se ocupa del mantenimiento de las rutas va a dejar más muertes viales evitables en nuestro país. El Estado no se está ocupando de sus habitantes”. Según datos recientes, entre 2023 y 2024 las muertes en rutas aumentaron un 17%, afectando principalmente a menores de 50 años.

En provincias como Santa Fe, la suspensión de obras y la anulación de contratos para el mantenimiento de rutas clave han generado repudio y preocupación. El Ministerio de Obras Públicas provincial calificó la decisión como un “abandono total” y advirtió sobre el riesgo en corredores de alto tránsito, como la ruta 33, escenario de numerosos siniestros fatales.

El cierre de la DNV también plantea interrogantes sobre el sistema de concesiones y peajes. Expertos señalan que, aunque las principales rutas están concesionadas y se sigue cobrando peaje, el mantenimiento ha sido abandonado y los pliegos no garantizan inversiones ni mejoras sustanciales. “Los pliegos que presentó el Estado nacional son muy laxos en cuanto al cumplimiento del concesionario, al tiempo que no defienden al usuario frente a eventuales incumplimientos”, advierte un análisis especializado.

Históricamente, la DNV fue clave en la expansión de la red vial y el desarrollo económico del país. Su desaparición marca el fin de una política pública que, según técnicos y sindicalistas, pone en riesgo la seguridad vial, la transparencia y el control democrático de la obra pública. El futuro de la infraestructura vial argentina queda así sujeto a nuevas estructuras administrativas, cuya capacidad y experiencia son motivo de debate y preocupación entre los actores involucrados.