La provincia de Chubut se encuentra en el centro de una investigación judicial tras la denuncia presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, quien aseguró haber recibido un ofrecimiento de sobornos por parte de empresarios y un exfuncionario provincial para impedir el inicio del ciclo lectivo 2026. Según la denuncia, Gonzalo Carpintero, exviceministro coordinador de Gabinete y condenado previamente por corrupción, junto a empresarios locales, habrían intentado inducir a Severiche a generar conflictos sindicales que impidieran el normal comienzo de las clases previsto para el 23 de febrero.

La fiscal Julieta Gamarra, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dispuso allanamientos en domicilios y empresas vinculadas a los acusados, donde se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad. La investigación se encuentra en una etapa inicial, pero ya ha generado un fuerte repudio institucional y político en la provincia.

El gobernador Ignacio Torres y más de treinta intendentes de distintas localidades manifestaron su respaldo a la acción judicial y se sumaron como querellantes en la causa. En un comunicado conjunto, los jefes comunales subrayaron la gravedad del hecho y la necesidad de que la justicia avance con firmeza para esclarecer los intereses económicos y sectoriales detrás del presunto intento de boicot. “No vamos a permitir que quienes durante años condicionaron a la provincia pretendan hacerlo otra vez. La educación de nuestros chicos y la institucionalidad de Chubut no se negocian”, señalaron desde el Ejecutivo provincial.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, calificó el hecho como un “intento de golpe de Estado blando” y remarcó el impacto que podría haber tenido sobre el sistema educativo, especialmente tras años de paros y conflictos escolares en la provincia. Por su parte, Severiche explicó que decidió denunciar el hecho para evitar que “tomen de rehenes a los estudiantes” y subrayó que el sindicalismo debe actuar en defensa de los trabajadores, no de intereses ajenos.

El trasfondo de la maniobra incluiría la intención de evitar el pago de impuestos adeudados por unos $1.200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear la posible presentación de una “Ley de Ficha Limpia para la Pesca”. La causa sigue en etapa de instrucción y se espera que la justicia determine responsabilidades en las próximas semanas, en un contexto de alta sensibilidad social e institucional en Chubut.