El Congreso argentino aprobó una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una sesión marcada por intensas negociaciones y polémicas. El proyecto, considerado una de las iniciativas más ambiciosas del oficialismo, fue tratado de manera acelerada y obtuvo un respaldo parlamentario significativo, con 135 votos a favor y 115 en contra.

La aprobación fue posible gracias a acuerdos con gobernadores de diversas provincias, quienes recibieron promesas de fondos, obra pública y otros beneficios a cambio de su apoyo. Entre los puntos más controvertidos del proyecto se encontraba el artículo 44, que proponía recortes salariales por licencias médicas. Tras la presión de aliados y sindicatos, dicho artículo fue eliminado, lo que permitió destrabar la votación.

La reforma introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despido, y modifica aspectos clave como la jornada laboral, el régimen de vacaciones y la negociación colectiva. El FAL será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, bajo la supervisión de los ministerios de Economía y Capital Humano, y se estima que recaudará entre US$3.000 y US$5.000 millones anuales.

En paralelo, la CGT realizó un paro general, aunque evitó una movilización masiva. Las protestas en las calles fueron menos numerosas que en años anteriores, con incidentes aislados que fueron rápidamente controlados por las fuerzas de seguridad. La oposición y los sindicatos advierten sobre la pérdida de derechos laborales y anticipan la judicialización de la ley, mientras que el oficialismo celebra el avance político y confía en que la reforma impulse la productividad y el empleo.

El contexto económico y social es complejo, con el cierre de fábricas como Fate y despidos masivos en el sector industrial, lo que genera preocupación sobre el impacto de la reforma en el empleo. El gobierno de Milei busca consolidar una agenda de reformas estructurales, incluyendo cambios tributarios y previsionales, y espera que los resultados económicos compensen los costos sociales a futuro. Sin embargo, la legitimidad social de la reforma sigue siendo limitada, y la polarización política se mantiene como un desafío para la construcción de consensos duraderos.