La Administración de Parques Nacionales resolvió dejar sin efecto la licitación pública nacional destinada a la construcción de casillas de control, sanitarios y vivienda en El Chaltén, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. La medida, oficializada el 22 de diciembre de 2025, responde a la implementación de nuevos lineamientos para la gestión y puesta en valor de la infraestructura en los parques nacionales.

El proceso licitatorio, identificado como N° 74-0001-LPU25, contemplaba un presupuesto oficial de $1.623.183.930,92 y había atraído la participación de cinco empresas oferentes. Durante el desarrollo del procedimiento, se realizaron once consultas formales, todas respondidas mediante circulares. La apertura de sobres se llevó a cabo el 12 de mayo de 2025, pero la licitación fue finalmente cancelada antes de la adjudicación.

Según la resolución, la decisión se fundamenta en "razones de oportunidad, mérito y conveniencia", en concordancia con los nuevos criterios de gestión que exigen la inclusión de obligaciones adicionales para los futuros prestadores, especialmente en lo relativo al mantenimiento y desarrollo logístico integral de la infraestructura. La normativa vigente, tanto en los pliegos particulares como en la legislación nacional, habilita a la administración a dejar sin efecto el procedimiento en cualquier momento previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización para los oferentes.

Las empresas participantes serán notificadas formalmente y se procederá al reintegro de las garantías presentadas. El acto administrativo agota la vía administrativa, aunque los interesados podrán interponer recursos de reconsideración o recurrir a la vía judicial si lo consideran pertinente.

La cancelación de la licitación se enmarca en un contexto de revisión y actualización de los procesos de contratación pública en el ámbito de los parques nacionales, con el objetivo de optimizar la gestión y adecuar los proyectos a las nuevas directrices institucionales. Se espera que futuras obras y contrataciones respondan a estos lineamientos, priorizando la eficiencia y el interés público.