Una investigación internacional reveló que una red vinculada a la inteligencia rusa habría financiado la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales argentinos, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei y manipular la opinión pública. El caso, que salió a la luz en abril de 2026, fue impulsado por un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas y derivó en una denuncia judicial por posible injerencia extranjera y violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

Según los documentos filtrados y analizados por medios como OpenDemocracy, The Continent y FiltraLeaks, la operación —denominada “La Compañía”— habría destinado más de 283.000 dólares a la difusión de noticias, columnas y análisis entre junio y octubre de 2024. Los contenidos, en su mayoría críticos con la gestión de Milei, incluían tanto información verídica como distorsiones y datos inexactos, y en algunos casos, eran firmados por autores ficticios o identidades digitales generadas con inteligencia artificial.

El abogado Jorge Monastersky, quien presentó la denuncia ante la justicia argentina, explicó que la investigación busca determinar si los hechos constituyen delitos contra el orden constitucional y la transparencia democrática. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina”, afirmó Monastersky en diálogo con Infobae. La denuncia solicita que se individualicen las conductas y se establezcan responsabilidades, diferenciando entre crítica legítima y desinformación pagada.

Directivos y periodistas de los medios mencionados en los documentos negaron haber recibido fondos rusos y señalaron que los artículos llegaron a sus redacciones a través de intermediarios que se presentaban como agencias o consultoras. Algunos admitieron que el material se publicó sin controles editoriales estrictos, en un contexto de precarización laboral y bajos ingresos en el sector periodístico.

La embajada rusa en Argentina rechazó las acusaciones y las calificó como un intento de perjudicar las relaciones bilaterales. Analistas consultados advierten que la falta de controles y la vulnerabilidad de los medios digitales facilitan la propagación de campañas de desinformación, lo que representa un desafío para la credibilidad mediática y la integridad democrática. La investigación judicial continúa para esclarecer el alcance y las consecuencias de la presunta operación extranjera.