Argentina atraviesa una profunda crisis industrial y laboral, marcada por el cierre de casi 22.000 empresas y la pérdida de 291.500 empleos registrados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Capital Humano, la caída representa cerca del 3% de la masa laboral, ubicando al país como líder regional en porcentaje de pérdida de empleo sobre la población económicamente activa.

Los sectores más afectados son la industria manufacturera y la construcción, que han visto reducciones significativas en su fuerza laboral. Empresas emblemáticas como FATE, Georgalos, Quilmes y Sancor han anunciado despidos, suspensiones o cierres de plantas, mientras que otras, como Whirlpool y Kenvue, han optado por reconvertirse en importadoras tras cerrar fábricas y despedir personal.

El consumo interno, uno de los motores tradicionales de la economía argentina, registró una caída interanual del 0,8% en enero, en un contexto de desaceleración del crédito y aumento de la morosidad. La industria, por su parte, retrocedió un 4,4% interanual en enero, aunque mostró un leve repunte del 1,2% respecto a diciembre, según un informe de la consultora Orlando J. Ferreres.

El exministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren, advirtió sobre un proceso de "industricidio" y cuestionó las políticas que priorizan la especulación financiera sobre la economía real. "La industria cae 14% y al mismo tiempo hablan de crecimiento. Hay que mirar qué sectores crecen y cuáles se destruyen", afirmó en una reciente entrevista.

El gobierno, por su parte, sostiene que el ajuste y la apertura comercial son necesarios para eliminar distorsiones y ganar competitividad. Sin embargo, sindicatos y trabajadores han respondido con protestas y ocupaciones de fábricas, reclamando la defensa de los puestos de trabajo y la necesidad de políticas de transición para los sectores afectados.

El debate de fondo se centra en el tipo de estructura económica que se busca construir: una basada en la importación y los servicios financieros, o una que combine estabilidad macroeconómica con un entramado industrial activo. La experiencia histórica argentina sugiere que descuidar el tejido productivo puede tener altos costos sociales y políticos, una advertencia que resuena en el actual contexto de crisis.