La Justicia argentina resolvió declarar nula la causa conocida como "Operativo Puf", que investigaba un supuesto complot de exfuncionarios kirchneristas para perjudicar al fiscal Carlos Stornelli. El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, ordenó el archivo definitivo del expediente tras casi seis años de trámite, argumentando la inexistencia de un delito identificable y la falta de objeto procesal claro.

El caso se originó a partir de escuchas telefónicas realizadas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se registraron conversaciones entre exfuncionarios como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, y figuras como el diputado Eduardo Valdés. Una de las frases más citadas en las grabaciones, “Bonadio, Stornelli, Puf”, terminó dando nombre al expediente. Las denuncias fueron presentadas por el fiscal Carlos Stornelli junto a las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, y apuntaban contra Valdés, el juez Juan María Ramos Padilla y Schiavi.

Sin embargo, el tribunal consideró que ninguna de las partes acusadoras ni los jueces intervinientes lograron precisar el delito investigado ni delimitar el objeto procesal de la causa. El juez Farah señaló en el fallo: “No se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta. La falta de esa base fundamental constituye un óbice a la pretensión de que se profundice una investigación que, así planteada, carece de un norte específico que le dé sentido y finalidad”.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado previamente que las escuchas utilizadas como prueba eran ilegales y vulneraban derechos de privacidad, aplicando la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para solicitar la nulidad de las transcripciones. El tribunal también abordó la objeción sobre la legitimación activa del fiscal Stornelli como querellante, concluyendo que “carece de sentido tener a alguien por víctima de un suceso cuando por una razón de precedencia lógica el hecho debe ser antes situado y seleccionado legalmente por un juez”.

La resolución pone fin a un proceso que, según los jueces, se extendió innecesariamente y mantuvo a los imputados en una situación de incertidumbre. El fallo destaca la importancia de brindar una solución rápida y definitiva, en resguardo de los derechos de los acusados. El archivo del caso marca el cierre de una controversia que tuvo alta repercusión política y mediática, especialmente por su conexión con la causa de los cuadernos y la disputa judicial entre sectores opositores y oficialistas.