La disputa internacional por la expropiación de YPF en 2012 alcanzó un punto crítico esta semana, cuando la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York debe decidir si suspende la entrega del 51% de las acciones de la petrolera argentina a Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos litigiosos tras la nacionalización. La sentencia, que condena a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares —cifra que con intereses ya supera los 17.750 millones—, se basa en la falta de una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios al momento de la expropiación.

El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, apeló la decisión y solicitó la suspensión de la ejecución, argumentando que la transferencia de acciones sería irreversible y violaría la legislación nacional, que exige la aprobación del Congreso para cualquier traspaso de la participación estatal en YPF. “El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir”, afirmó Milei la semana pasada.

Burford Capital y Eton Park, beneficiarios del fallo, buscan ejecutar la sentencia y han solicitado embargos sobre activos argentinos. La jueza Preska aclaró que su decisión de este lunes se limitará a suspender o no la entrega de acciones mientras se resuelve la apelación, sin revertir la orden original. El Gobierno sostiene que la entrega de los títulos tendría efectos irreversibles, ya que los demandantes planean venderlos, lo que impediría retrotraer la situación si Argentina ganara la apelación.

El caso, que se originó hace más de una década tras la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, ha generado tensiones políticas y económicas. Analistas advierten que la situación podría afectar la soberanía y la estabilidad financiera del país. Mientras tanto, el Gobierno endurece su estrategia legal y rechaza negociar con Burford, aunque desde el entorno del fondo consideran inevitable una futura negociación. La decisión de Preska es esperada con gran expectativa, ya que definirá el rumbo inmediato de una de las disputas judiciales más relevantes para la Argentina en el ámbito internacional.