La Cámara Federal de Mar del Plata ha declarado inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, vigente entre 2021 y marzo de 2024. Este fallo, que afecta exclusivamente a una jubilada demandante, ordena recalcular sus haberes utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar de la fórmula original. Según el tribunal, la fórmula de movilidad provocó una pérdida acumulada del 50,3% en el poder adquisitivo de los jubilados durante su vigencia.

El caso fue presentado por una jubilada que percibía un haber superior al mínimo y no fue beneficiada por los bonos extraordinarios otorgados en los últimos años. Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza determinaron que el nuevo cálculo solo se aplicará si representa una mejora para la beneficiaria. En caso contrario, se mantendrá el ajuste basado en la fórmula original.

El fallo también cita el decreto 274/2024 del actual gobierno, que reconoció los "resultados desastrosos" de la fórmula de movilidad jubilatoria. Sin embargo, el tribunal criticó que este reconocimiento no fue acompañado por medidas compensatorias para las pérdidas acumuladas. Además, se destacó que los bonos extraordinarios otorgados por el gobierno no beneficiaron a todos los jubilados, dejando fuera a aquellos con haberes superiores al mínimo.

En términos más amplios, la sentencia refuerza la jurisprudencia favorable a los jubilados, aunque no tiene efectos generales. La ANSES podría apelar la decisión, lo que llevaría el caso a la Corte Suprema de Justicia. Este fallo se suma a otros precedentes judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la ley 27.609, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández.

En paralelo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un aumento del 3,7% en los haberes jubilatorios mínimos a partir de mayo, alcanzando un total de $307.431,93, con un bono adicional de $70.000. Sin embargo, este incremento sigue siendo insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas, según expertos y organizaciones de jubilados.

El fallo de Mar del Plata podría abrir la puerta a más demandas individuales similares, aumentando la presión sobre el sistema previsional y el gobierno actual. Mientras tanto, el debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema jubilatorio en Argentina continúa siendo un tema central en la agenda política y social.