El juicio por el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner entró en una etapa decisiva con la presentación de los alegatos finales por parte de la querella. Los abogados Marcos Aldazabal y Juan Manuel Ubeira solicitaron al Tribunal Oral Federal N°6 la pena máxima de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados como coautores del atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente al domicilio de la exmandataria en el barrio porteño de Recoleta. La querella fundamentó su pedido en la gravedad del hecho, la planificación previa y la existencia de agravantes como el uso de arma de fuego y la violencia de género.

Durante la audiencia, que se desarrolló en los tribunales de Comodoro Py, los abogados expusieron pruebas que acreditan la participación directa de Sabag Montiel, quien gatilló el arma a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner, y de Uliarte, señalada como organizadora y planificadora del ataque. Chats y testimonios presentados en el juicio respaldan la acusación contra ambos. En cambio, Nicolás Carrizo, tercer imputado y jefe de la llamada "banda de los Copitos", fue absuelto por falta de pruebas concluyentes, decisión que la propia expresidenta avaló al manifestar que no busca venganza ni utilizar el derecho penal con fines políticos.

El proceso judicial estuvo marcado por fuertes críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien la querella acusó de obstruir la investigación y de incurrir en irregularidades, especialmente en el manejo de pruebas clave como el celular de Sabag Montiel. Los abogados denunciaron la destrucción de información relevante y la falta de avance en la identificación de posibles autores intelectuales y financiadores del atentado. Además, se destacó el contexto de violencia política y discursos de odio que rodearon el hecho, señalando la influencia de medios de comunicación y dirigentes en la construcción de un clima hostil hacia la exmandataria.

El tribunal escuchó los alegatos de la querella y se espera que la fiscalía presente su acusación en la próxima audiencia, seguida por las defensas. El juicio continúa con líneas de investigación abiertas y la expectativa de que se esclarezcan todos los responsables del atentado. El caso se inscribe en un contexto más amplio de persecución política y mediática, y su resolución podría tener implicancias significativas para la democracia y la seguridad institucional en Argentina.