El suicidio de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que prestaba servicios en la Quinta de Olivos, reveló una compleja red de extorsión operada desde cárceles bonaerenses. Según la investigación judicial, la banda utilizaba aplicaciones de citas como Evermatch para captar víctimas, quienes eran luego amenazadas por supuestos policías y familiares de menores, exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de evitar denuncias falsas.

Gómez fue contactado por un perfil falso y, tras una serie de amenazas y presiones psicológicas, realizó transferencias por casi $1.400.000. La extorsión incluyó audios intimidatorios y llamadas insistentes, que lo llevaron a una situación límite. El joven dejó una carta de despedida en la que mencionaba el temor a decepcionar a su familia y los problemas legales derivados de la app de citas.

La investigación, liderada por la jueza Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal, permitió identificar y detener a siete integrantes de la banda, incluidos reclusos de los penales de Magdalena y Olmos y mujeres que facilitaban las transferencias. El caso puso en evidencia la facilidad de acceso a celulares en cárceles y la falta de controles efectivos, lo que fue duramente criticado por la familia de Gómez y por autoridades nacionales.

Juan Carlos Gómez, padre del soldado, responsabilizó al gobernador Axel Kicillof y a la administración bonaerense por permitir la comunicación de internos con el exterior. "Si pusieran un poco de plata y compraran inhibidores, no pasaría esto", declaró. La familia lamentó la ausencia de funcionarios provinciales y destacó el acompañamiento del presidente Javier Milei, quien pidió esclarecer el caso con celeridad.

El caso de Rodrigo Gómez es parte de una modalidad delictiva en crecimiento, intensificada durante la pandemia, donde bandas operan desde cárceles utilizando ingeniería social y aplicaciones de citas. Evermatch, la app utilizada, carece de controles robustos para evitar perfiles falsos, lo que facilita la acción de los delincuentes.

Autoridades y expertos recomiendan precaución en el uso de apps de citas y denuncias inmediatas ante extorsiones, mientras la familia de Gómez advierte que la amenaza sigue latente y puede afectar a otras personas. El caso ha generado debate sobre la seguridad en cárceles y la necesidad de mayores controles tecnológicos para prevenir delitos virtuales.