La República de Vanuatu retiró su bandera a tres buques pesqueros de origen chino tras comprobarse que realizaron pesca ilegal en el Mar Argentino. Las embarcaciones, identificadas como Bao Feng, Hai Xing 2 y Bao Win, fueron sancionadas por las autoridades argentinas entre enero y marzo de 2026, enfrentando multas que en uno de los casos alcanzaron casi un millón de dólares.

La decisión de Vanuatu, enmarcada en una política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, fue confirmada por el jefe del registro de pesca del país oceánico, Saade Makhlouf, quien afirmó que “Vanuatu toma en serio los riesgos de pesca INDNR, y las embarcaciones que expongan la bandera a riesgos regulatorios o reputacionales repetidos no podrán permanecer bajo el registro”.

Tras la sanción y el retiro de la bandera, los buques fueron rápidamente registrados en Tanzania, una maniobra que, según especialistas, busca evitar que las embarcaciones queden apátridas y puedan ser interceptadas por cualquier autoridad marítima. El especialista Milko Schvartzman destacó que el caso evidencia tanto la rápida reacción de Vanuatu como la facilidad con la que estos buques pueden cambiar de bandera para continuar operando.

Las investigaciones revelaron que los buques sancionados son de construcción, propiedad y financiamiento chino, operando bajo el sistema de “bandera de conveniencia”. La empresa propietaria, Hai Shun Shipping Co, tiene una estructura societaria opaca y vínculos con empresas offshore, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

El caso se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la magnitud de la flota pesquera china, la más grande del mundo en aguas distantes, y por el uso de banderas extranjeras para eludir controles. Además, coincide con el intento de China de posicionarse como sede de un organismo internacional de protección oceánica, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

En el ámbito local, Argentina firmó el acuerdo de la ONU sobre biodiversidad marina durante la gestión de la excanciller Diana Mondino, aunque aún no fue enviado al Congreso para su ratificación. El episodio pone de relieve los desafíos en la lucha contra la pesca ilegal y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control internacional.