El presidente Javier Milei impulsa un proyecto de ley para establecer un mecanismo de "shutdown" estatal en Argentina, inspirado en el modelo estadounidense, con el objetivo de blindar el superávit fiscal y limitar el gasto público. Según fuentes oficiales, la iniciativa se activaría cuando el Estado incurra en déficit, suspendiendo funciones no esenciales hasta que el Congreso autorice una ampliación presupuestaria. Jubilaciones, programas sociales, pagos de deuda y gastos en seguridad serían considerados esenciales y quedarían exceptuados del cierre.

Durante una entrevista radial, Milei defendió la propuesta y sostuvo: "El que esté en contra del shutdown del Estado está a favor de los presupuestos desequilibrados". El mandatario vinculó la medida con la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal y responsabilizó a décadas de políticas de gasto por los problemas económicos del país. "Toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal", afirmó.

El shutdown argentino, aún en etapa de discusión interna, difiere del estadounidense, donde el cierre estatal se produce por falta de acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y el Congreso, no por déficit. En Estados Unidos, el shutdown ha ocurrido más de 20 veces desde 1977, afectando servicios federales y empleados públicos. En Argentina, la ley vigente permite prorrogar el presupuesto anterior si no hay acuerdo, evitando el cierre estatal.

Especialistas como Guido Rangugni, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), advierten que el shutdown estadounidense no es aplicable tal cual en Argentina debido a diferencias legales y administrativas. "El Gobierno ya tiene herramientas para ajustar el gasto sin apelar a un shutdown", señaló Rangugni.

El proyecto forma parte de un paquete de reformas que incluye cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal y prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional. El Gobierno anticipa una fuerte discusión parlamentaria y resistencia de sectores opositores. Por el momento, no se ha definido una fecha para el envío de la iniciativa al Congreso, pero el debate ya genera polémica y comparaciones sobre su viabilidad y consecuencias en el contexto argentino.