La inflación en Argentina alcanzó en noviembre de 2025 un 2,5%, el nivel más alto en siete meses, según datos oficiales y privados. Este registro consolida una tendencia de aceleración inflacionaria que preocupa a analistas y sectores productivos, pese a que el gobierno de Javier Milei insiste en que el sendero desinflacionario sigue vigente.

Desde la asunción de Milei, la inflación acumulada llega al 249%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,4%. El gobierno atribuye el alza de precios a factores como el aumento de tarifas, transporte y alimentos, en particular la carne, y sostiene que la disciplina fiscal y la reducción de impuestos permitirán una recuperación sostenida. Sin embargo, los datos muestran que la industria opera al 61% de su capacidad, con sectores como el textil y plásticos en caída, y una pérdida de al menos 126.000 empleos fabriles desde diciembre de 2023.

La pobreza multidimensional afecta ya al 67% de la población, según mediciones que incluyen acceso a derechos básicos, lo que evidencia que la estabilidad de precios no ha resuelto la crisis social. El gobierno impulsa reformas laborales y baja de retenciones para incentivar la inversión y el empleo, pero la economía real muestra retrocesos y una recesión persistente.

La falta de reservas en el Banco Central y la fragilidad del esquema cambiario generan vulnerabilidad, mientras que la apertura comercial beneficia a sectores primarios pero profundiza la recesión industrial. Analistas advierten que la confianza en el programa económico es limitada y que, sin crecimiento sostenido y acumulación de reservas, el riesgo de nuevas crisis permanece latente.

El oficialismo defiende el ajuste y la baja de impuestos como el camino para recuperar la economía, pero críticos y expertos señalan que la inflación persiste, el desempleo aumenta y la pobreza se expande. El cierre de 2025 deja en evidencia que la estabilidad nominal no alcanza para ordenar una economía con menos industria, menos empleo y mayor vulnerabilidad social.