El Gobierno nacional oficializó una profunda actualización del marco regulatorio para la autorización y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales. La medida, establecida mediante la Resolución 255/2026 y publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la normativa vigente desde 2011 y busca agilizar los procedimientos, reducir costos administrativos y adaptar la regulación a los avances científicos y tecnológicos del sector.

Según la nueva disposición, toda actividad que implique la liberación o utilización de OGM requerirá autorización previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que será la autoridad de aplicación. El proceso de aprobación comercial de un OGM se basará en tres instancias de evaluación: el análisis de riesgo para el agroecosistema, la evaluación de aptitud alimentaria humana y animal, y el análisis de los impactos productivos y comerciales. Estas evaluaciones estarán a cargo de organismos técnicos especializados y contarán con plazos máximos de 120 días hábiles para los análisis de bioseguridad y aptitud alimentaria, y de 30 días para el dictamen sobre impactos comerciales.

La normativa también contempla la posibilidad de realizar las evaluaciones en simultáneo, lo que permitirá acelerar la toma de decisiones sobre nuevos desarrollos biotecnológicos. Además, se prevén sanciones estrictas ante incumplimientos, como la revocación de autorizaciones, la destrucción de materiales no autorizados y la imposibilidad de obtener nuevos permisos por hasta cinco años en casos graves.

Desde 1996, Argentina ha aprobado 134 productos genéticamente modificados, de los cuales 38 fueron autorizados durante la actual gestión, lo que representa un récord del 28% de todas las aprobaciones en los últimos 30 años. El Gobierno subraya que la actualización normativa busca fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la previsibilidad para las inversiones y mantener la competitividad internacional del sector agroindustrial argentino.

La medida también armoniza los procedimientos nacionales con estándares internacionales, como los del Codex Alimentarius y la OCDE, facilitando así el comercio exterior de productos agroalimentarios. El sector agroindustrial ha recibido positivamente la iniciativa, destacando la reducción de cargas administrativas y la mayor agilidad en los procesos de aprobación. Se espera que la nueva regulación, que entrará en vigencia 30 días después de su publicación, tenga un impacto favorable en la productividad y las exportaciones del país.