Operativos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en las provincias de Río Negro y Entre Ríos expusieron graves casos de explotación laboral y trabajo infantil. En coordinación con la Policía Federal Argentina y organismos como RENATRE y Migraciones, se identificaron 28 personas en condiciones laborales irregulares, incluyendo situaciones de endeudamiento forzado, precariedad extrema e inmigración sin documentación.

En San Benito, Entre Ríos, la intervención surgió tras una denuncia recibida en la línea 0800. Allí, cinco personas trabajaban jornadas de hasta 12 horas diarias, de lunes a sábado, en condiciones habitacionales inhumanas. Las víctimas fueron contactadas por redes sociales y trasladadas por el empleador, quien las sometió a un esquema de endeudamiento. Los trabajadores dormían sobre colchones deteriorados, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Paraná.

En Viedma, Río Negro, se inspeccionaron tres predios hortícolas, donde se hallaron 23 trabajadores con infracciones laborales. Entre los casos más sensibles, se detectó a una adolescente de 15 años que realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años, percibiendo una remuneración de apenas $10.000 semanales. También se relevó a una joven de 17 años que declaró haber comenzado a trabajar y vivir en el predio desde los 15, y a un trabajador migrante de origen boliviano sin documentación.

Las denuncias fueron formalizadas ante las fiscalías federales de Paraná y Viedma, que ya intervienen para investigar posibles delitos vinculados a la explotación laboral y trata de personas con fines de trabajo forzoso. ARCA destacó que estas acciones buscan garantizar la protección de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las leyes laborales en todo el territorio nacional. La entidad, junto con RENATRE, reafirmó su compromiso con la lucha contra la explotación y la trata, recordando los canales habilitados para denuncias anónimas.

Los procedimientos en Entre Ríos y Río Negro se enmarcan en una estrategia más amplia de control y fiscalización, destinada a prevenir situaciones de trabajo forzado, explotación infantil y trata de personas. Las autoridades provinciales y nacionales destacaron la importancia de la fiscalización conjunta y el avance en la investigación penal de los empleadores involucrados.