La Legislatura de Santa Fe vivió una jornada clave este jueves con una agenda cargada de temas de alto impacto. Entre los puntos más destacados, se aprobó la designación de 39 fiscales subrogantes, de los cuales 22 desempeñarán funciones en Rosario, una ciudad que enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. Esta decisión busca fortalecer el sistema judicial y mejorar la persecución penal en la provincia.

La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, presentó su informe anual ante la Asamblea Legislativa. Durante su exposición, que incluyó un documento de 200 páginas, Vranicich subrayó los avances logrados en la reducción de homicidios en Rosario, que pasaron de más de 400 en 2023 a 176 en lo que va de 2024. Además, hizo un llamado a otorgar mayor autonomía al MPA, planteando su transformación en un órgano extrapoder en el marco de una posible reforma constitucional.

Otro tema central fue el debate sobre el endeudamiento provincial. El Ejecutivo propuso la emisión de deuda por mil millones de dólares para financiar obras de infraestructura, lo que generó interrogantes entre los legisladores. El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para aclarar aspectos como la viabilidad financiera y el destino específico de los fondos.

En paralelo, la Asamblea Legislativa trató el recurso de inconstitucionalidad presentado por el exfiscal Aldo Gerosa, destituido por mal desempeño. Este caso reavivó el debate sobre la responsabilidad y el control en el sistema judicial.

La jornada también estuvo marcada por críticas del Sindicato de Empleados Judiciales, que cuestionó la figura de fiscales subrogantes, señalando riesgos de manipulación y falta de independencia. A pesar de estas objeciones, la aprobación de los pliegos fue vista como un paso importante para aliviar la carga del sistema judicial, especialmente en regiones como el norte santafesino.

El gobernador Maximiliano Pullaro y su equipo de Seguridad y Justicia respaldaron las reformas legislativas que han dotado al MPA de mayores herramientas operativas. Según Vranicich, estas medidas han permitido priorizar casos de alta lesividad, como narcotráfico y corrupción, logrando resultados tangibles en un corto plazo.

Con una agenda que también incluyó la discusión sobre la reforma constitucional, la Legislatura de Santa Fe dejó en claro que los desafíos en seguridad y justicia siguen siendo una prioridad. Las decisiones tomadas este jueves podrían marcar un punto de inflexión en la búsqueda de un sistema judicial más eficiente y autónomo.