El Senado argentino aprobó recientemente una reforma laboral que ha generado un fuerte debate en el ámbito político y sindical. La iniciativa, impulsada por el gobierno nacional, introduce cambios significativos en la legislación laboral, incluyendo la flexibilización de despidos, la reducción de licencias por enfermedad y accidente, y modificaciones en el régimen de indemnizaciones.

Durante la sesión, el texto de la ley fue objeto de múltiples modificaciones para asegurar los votos necesarios, lo que provocó confusión entre los legisladores sobre el contenido final. Uno de los artículos más controvertidos, que reduce el tiempo y monto de las licencias, fue incorporado a último momento, generando malestar incluso dentro del oficialismo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, defendieron la reforma argumentando que busca modernizar el mercado laboral y facilitar la creación de empleo, aunque reconocieron que el objetivo es también facilitar los despidos.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó la reforma y convocó a una movilización, advirtiendo que podría realizar un paro general cuando la ley se trate en la Cámara de Diputados. El senador Mariano Recalde, referente de la oposición, cuestionó la reforma por considerar que abroga derechos laborales recuperados tras la dictadura y que no contribuirá a la creación de empleo, sino a la precarización laboral. Recalde también propuso alternativas centradas en la recuperación del poder adquisitivo y la reducción de la jornada laboral.

El contexto económico y social en el que se da esta reforma está marcado por una inflación en ascenso y un desempleo juvenil que supera el 20%. Además, la medida responde a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para mejorar las condiciones de pago de la deuda. La reforma ha polarizado a la sociedad argentina, con sectores que la consideran necesaria para la modernización económica y otros que la ven como un retroceso en materia de derechos laborales. El debate continúa, mientras sindicatos y organizaciones sociales preparan nuevas acciones en rechazo a la ley.