El juez nacional del Trabajo Herman Mendel dictó este martes una medida cautelar que suspende el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una de las piezas centrales de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada recientemente por el Congreso Nacional. La decisión judicial responde a un reclamo presentado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que lidera Julio Piumato, que solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la ley 27.802 y del acuerdo de transferencia firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad.

En su fallo, Mendel resolvió “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”. De esta manera, quedan congeladas las gestiones para el traspaso y la disolución de juzgados nacionales, al menos hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión.

El gremio judicial argumentó que la reforma vulnera la estabilidad laboral de unos 1600 empleados y que la aprobación de la ley se realizó en sesiones extraordinarias sin el debido procedimiento, lo que podría violar la Constitución Nacional y tratados internacionales. Además, se cuestiona la competencia del Congreso y la omisión de la intervención de la Comisión Bicameral, paso obligatorio en este tipo de transferencias.

El acuerdo suspendido preveía que las causas nuevas serían atendidas por la justicia local, mientras que los tribunales nacionales finalizarían los procesos ya iniciados. También establecía la disolución progresiva de juzgados nacionales y la designación de nuevos magistrados porteños. Sin embargo, la medida cautelar deja en suspenso estos cambios y abre un nuevo frente judicial y político para el gobierno nacional.

El fallo de Mendel puede ser apelado por el Ejecutivo, que deberá presentar un informe en los próximos días. Mientras tanto, el debate sobre la constitucionalidad del traspaso y su impacto en la estructura judicial y laboral del país continúa abierto, con posiciones enfrentadas entre el oficialismo, que busca una justicia laboral más favorable a las empresas, y los gremios y asociaciones judiciales, que temen por la estabilidad y los derechos de los trabajadores del sector.