La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete seminaristas menores de edad en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, Entre Ríos, entre 1988 y 1992. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se basó en la prescripción de la acción penal, ya que los hechos fueron denunciados recién en 2012, casi dos décadas después de ocurridos.

Según la Corte, los delitos cometidos por Ilarraz, aunque calificados como "aberrantes", no pueden ser considerados de lesa humanidad y, por lo tanto, no son imprescriptibles bajo la legislación vigente en el momento de los hechos. El tribunal argumentó que el principio de legalidad impide flexibilizar los plazos de prescripción, incluso ante la gravedad de los delitos y el contexto de subordinación de las víctimas.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había sostenido que la gravedad y el contexto justificaban aplicar criterios internacionales para excluir la prescripción, pero la Corte Suprema revocó esa decisión. El caso generó una fuerte reacción social y política. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno impulsará una reforma del Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos sexuales, buscando evitar que casos similares queden impunes en el futuro.

La decisión también fue criticada por figuras políticas como la expresidenta Cristina Kirchner, quien cuestionó la actuación de la Corte Suprema. Las víctimas y organizaciones sociales manifestaron su frustración y reclamaron una justicia más efectiva para los sobrevivientes de abuso sexual.

El caso Ilarraz pone en debate la necesidad de actualizar la legislación penal y garantizar la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en delitos que, por su naturaleza, suelen ser denunciados muchos años después de ocurridos. El Gobierno ya trabaja en una reforma legal que podría tener un impacto significativo en la lucha contra los delitos sexuales en Argentina.