La Cámara Nacional en lo Civil avaló el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la Ciudad de Buenos Aires a Pilar, provincia de Buenos Aires, y anuló la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Ministerio de Justicia, que habían designado veedores para investigar la entidad. El fallo, firmado por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, sostiene que el control legal y la fiscalización de la AFA pasan ahora a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, en línea con la decisión de la asamblea de la AFA de 2024, que aprobó el traslado de la sede social a Pilar.

La resolución judicial argumenta que la IGJ carece de competencia para inspeccionar o cuestionar el cambio de sede, ya que la provincia de Buenos Aires aceptó la radicación de la AFA en su territorio. Los magistrados advirtieron que permitir un doble control de legalidad sería incompatible con el sistema federal argentino y con los principios básicos del derecho administrativo. "No resulta posible someter la decisión social de modificar el estatuto de la sociedad trasladando su domicilio a otra jurisdicción a un doble control de legalidad como lo pretende la Inspección General de Justicia", señala el fallo.

El Ministerio de Justicia había dispuesto una intervención en grado de veeduría por 180 días, tras detectar irregularidades en el funcionamiento institucional de la AFA. Sin embargo, la Cámara Civil consideró inválida esa medida, ya que se apoyaba en una resolución de la IGJ cuya nulidad fue declarada en el mismo fallo. El Ministerio de Justicia anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema, mientras que Daniel Vitolo, ex titular de la IGJ, calificó la resolución como "una burla a la población".

El fallo se produce en un contexto de investigaciones judiciales sobre presunto lavado de dinero y evasión en la AFA, y en medio de tensiones entre el gobierno nacional y la dirigencia de la entidad. La decisión judicial es vista como un triunfo para Claudio Tapia, presidente de la AFA, y un revés para el gobierno nacional, que buscaba reforzar los controles sobre la institución. El traslado de la sede a Pilar, donde solo existe un terreno baldío, también ha sido objeto de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del proceso. El futuro de la fiscalización de la AFA dependerá ahora de la respuesta de la Corte Suprema y de la evolución de las causas judiciales en curso.