El juicio oral por el caso "Sueños Compartidos" comenzó esta semana en Buenos Aires, marcando un hito tras 15 años de investigación sobre la presunta defraudación de más de $200 millones al Estado nacional. El programa, gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibió $748 millones entre 2008 y 2011 para la construcción de viviendas sociales en diversas provincias y municipios.

Los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, fue enviada a juicio pero falleció en 2022. El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Grünberg, dirige el proceso, con la fiscalía a cargo de Diego Velasco.

El juicio se realiza por videoconferencia debido a la urgencia de evitar la prescripción, que podría ocurrir en septiembre. El tramo sobre lavado de dinero será juzgado posteriormente. Según la acusación, de los $748 millones girados por el Estado, $206 millones habrían sido desviados y no utilizados en la construcción de viviendas. El expediente también investiga el uso de fondos para gastos suntuarios, como la compra de un yate y propiedades, y extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender.

Testimonios de ex gobernadores e intendentes señalan que la contratación de Madres de Plaza de Mayo era obligatoria por indicación del Ministerio de Planificación Federal. De Vido y López están detenidos en Ezeiza por otras condenas y enfrentan múltiples procesos judiciales, incluido el caso de los cuadernos de la corrupción.

El caso, iniciado en 2011 tras una investigación periodística, estuvo a cargo de varios jueces y fue elevado a juicio oral en 2019. El programa "Sueños Compartidos" fue un emblema de la obra pública durante el kirchnerismo, y el juicio busca definir responsabilidades penales en uno de los mayores escándalos de obra pública en Argentina. La resolución del tribunal es vista como una instancia clave para la transparencia en la gestión pública y el combate a la corrupción.