El 17 de septiembre de 2025, la ciudad de Mendoza fue testigo de una multitudinaria marcha universitaria en defensa de la educación pública y en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Más de 20.000 personas, entre autoridades, estudiantes, docentes y representantes de organizaciones sociales, se movilizaron desde el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hasta la Plaza Independencia, en una jornada marcada por la tensión política y el debate sobre el futuro de la educación superior en Argentina.

La manifestación, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y replicada en otras ciudades como San Rafael y Buenos Aires, tuvo como principal objetivo exigir la restitución del financiamiento universitario y la recomposición salarial para docentes y no docentes. El recorrido de la marcha incluyó cortes de tránsito y un importante despliegue policial, aunque se desarrolló sin incidentes graves.

Durante el acto de cierre, la rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, fue abucheada por parte de los manifestantes mientras intentaba pronunciar su discurso. "Si a Milei le pedimos diálogo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharnos", expresó Sanchez, en medio de silbidos y gritos. La rectora atribuyó la hostilidad a la cercanía de las elecciones y la politización del evento, señalando que "se interpretó Milei-Cornejo-rectora" como parte de la dinámica política local.

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, aprobado previamente por amplia mayoría en el Congreso, propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario y hospitales, así como recomponer los salarios docentes según la inflación acumulada. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma, argumentando que su implementación generaría un gasto adicional de más de $811.569 millones y que no contempla fuentes de financiamiento claras.

La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial, lo que fue celebrado por los manifestantes como una victoria política. "Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia ni universidad no hay futuro", expresaron los organizadores en el acto central. Autoridades universitarias y gremios destacaron la importancia de la educación pública como motor de movilidad social y desarrollo nacional, mientras que el gobierno defendió la necesidad de ajustar el gasto y evitar privilegios salariales para el sector universitario.

El conflicto por el financiamiento universitario refleja una profunda tensión entre el gobierno nacional y el sector educativo, con antecedentes de vetos similares en 2024 y una crisis presupuestaria que afecta la continuidad de proyectos científicos y la estabilidad laboral de los docentes. Las perspectivas futuras dependerán de la capacidad de diálogo entre las partes y de la resolución de los desafíos fiscales que enfrenta el país.