Una investigación judicial permitió desarticular una red de extorsión digital que operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria N°13 de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Según informaron fuentes judiciales y policiales, tres internos fueron imputados por organizar un "call center" de extorsión sexual, contactando a víctimas a través de redes sociales y exigiendo dinero bajo amenazas de difundir material íntimo.

La causa se inició a partir de las denuncias de dos vecinos de Junín, quienes relataron haber sido contactados por Facebook y, tras intercambiar imágenes y videos de contenido íntimo, comenzaron a recibir amenazas por WhatsApp. Los extorsionadores exigían pagos de hasta 100 mil pesos para no viralizar el material. Bajo presión, las víctimas realizaron transferencias bancarias a distintas cuentas.

La investigación fue liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo del Dr. Fernando Graffigna, junto con la UFI N°6 de Junín, conducida por la Dra. Fernanda Sánchez. El trabajo operativo estuvo a cargo de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, que desplegó un rastreo tecnológico exhaustivo, incluyendo análisis de direcciones IP, IMEI y ubicaciones geográficas, lo que permitió confirmar que las amenazas provenían del penal.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la Dra. María Laura Durante, ordenó allanamientos urgentes en la Unidad 13. Durante los procedimientos, se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, y se notificó de la imputación a tres internos, sindicados como autores de las maniobras de extorsión.

Fuentes de seguridad consultadas señalaron que, solo en 2025, se realizaron más de 15 allanamientos en la cárcel de Junín por delitos digitales y narcotráfico. El uso de celulares en penales, que se incrementó durante la pandemia, persiste pese al fin de las restricciones, facilitando la comisión de delitos desde el encierro.

El Ministerio Público Fiscal destacó la importancia de la denuncia inmediata y la articulación entre justicia y fuerzas especializadas para combatir el cibercrimen. Las autoridades remarcaron la necesidad de capacitación permanente y respuesta rápida ante modalidades delictivas cada vez más sofisticadas, reafirmando el compromiso institucional de proteger a las víctimas y fortalecer la confianza en las instituciones.