El 4 de junio de 1975, la economía argentina vivió uno de sus momentos más críticos con el anuncio de un severo plan de ajuste por parte del ministro Celestino Rodrigo. La medida, conocida como el "Rodrigazo", incluyó una devaluación superior al 100%, aumentos de hasta 180% en combustibles y tarifas, y la imposición de topes a los aumentos salariales. El impacto fue inmediato: la inflación mensual se disparó, los supermercados se vaciaron y la clase media y trabajadora sufrió una abrupta pérdida de poder adquisitivo.

El contexto político era de extrema fragilidad. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, la presidenta Isabel Perón enfrentaba una creciente presión de sectores sindicales, empresariales y militares, mientras la violencia política y la represión estatal se intensificaban. El Rodrigazo aceleró la crisis: en cuestión de semanas, la inflación anual superó el 300%, el salario real cayó un 25% y la pobreza se multiplicó. La CGT convocó a un paro general, el primero contra un gobierno peronista, y las protestas se multiplicaron en todo el país.

El gabinete presidencial sufrió múltiples cambios en pocos días, reflejando la inestabilidad política. La renuncia de Rodrigo, apenas 49 días después de asumir, y la posterior salida de José López Rega, marcaron el colapso del gobierno. Analistas y economistas coinciden en que el Rodrigazo fue el punto de inflexión que dio inicio a un ciclo de inestabilidad, desindustrialización y deterioro social que perduró durante décadas.

A 50 años del evento, el Rodrigazo es recordado como el fin del Estado de bienestar argentino y el comienzo de una etapa de crisis recurrentes. Sus consecuencias estructurales, como la pérdida de poder adquisitivo, la concentración de la riqueza y la fragilidad macroeconómica, aún se sienten en la Argentina actual. El desafío, según especialistas, es aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos en el futuro.