Un caso de explotación infantil y reducción a la servidumbre conmociona a Florencio Varela, donde la Justicia investiga a dos mujeres responsables del hogar Nido de Águila, acusadas de someter a 13 menores a trabajos forzados, maltratos y privaciones. La denuncia, originada por un adolescente que había residido en el lugar, desencadenó una investigación a cargo de la Fiscalía N°8 de Berazategui, liderada por el fiscal Daniel Ichazo.

Según los expedientes judiciales, los niños eran obligados a realizar tareas físicas extenuantes, como albañilería, corte de cañas con machetes, limpieza de heces de animales y mantenimiento del predio, todo sin supervisión adulta y en condiciones peligrosas. "Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie", detalla un informe de la causa. Además, los menores sufrían privación de alimentos, castigos físicos y aislamiento social, y en ocasiones debían dormir junto a perros en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.

La investigación también apunta a un posible encubrimiento agravado por parte de dos funcionarias públicas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza. Según la acusación, las funcionarias habrían utilizado información confidencial para alertar a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales, permitiendo la ocultación de pruebas y la reubicación de algunos menores antes de los allanamientos.

Durante los operativos, la policía rescató a los menores, incautó teléfonos celulares, computadoras y documentación relevante para la causa. Solo cuatro niños fueron hallados en el último allanamiento, mientras que el paradero de los demás está bajo investigación. Las dos acusadas permanecen detenidas y se negaron a declarar ante la Justicia, mientras sus abogados solicitaron la excarcelación.

El caso ha generado una fuerte reacción en la sociedad y entre organismos de protección de la infancia, que exigen respuestas y reformas para evitar que hechos similares se repitan. La investigación continúa para determinar todas las responsabilidades penales y garantizar la protección de los derechos de los menores afectados.