Argentina obtuvo un fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el litigio por la expropiación de YPF, evitando así el pago de US$16.100 millones que había sido impuesto previamente. La decisión judicial, que se fundamenta en la primacía de la ley de expropiación argentina de 2012 sobre los estatutos privados de la compañía, fue recibida con alivio tanto por el gobierno como por los mercados financieros.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF subieron un 2% en Estados Unidos y acumularon un alza del 23% en marzo, mientras que Burford Capital, el principal litigante contra Argentina, sufrió una caída del 47% en sus acciones. El fallo elimina la amenaza de embargos y pagos inmediatos, lo que mejora la perspectiva financiera del país y podría contribuir a una baja en el riesgo país, facilitando el acceso a los mercados internacionales de deuda.

El presidente Javier Milei aprovechó el contexto para reforzar la relación bilateral con Estados Unidos. En la Casa Rosada, Milei se reunió con el senador estadounidense Rand Paul y el embajador Peter Lamelas, en un encuentro que consolidó la afinidad ideológica y estratégica entre ambos gobiernos. Fuentes oficiales destacaron que la agenda incluyó temas generales de cooperación y que la sintonía con la administración estadounidense es total desde el inicio de la gestión libertaria.

Analistas económicos y políticos subrayan que, si bien el gobierno actual celebra el fallo como un logro propio, la defensa jurídica que permitió este resultado fue diseñada por administraciones anteriores. Además, advierten sobre la fragilidad estructural de la economía argentina y la dependencia de factores externos, como la volatilidad internacional y el respaldo financiero de Estados Unidos.

En declaraciones recientes, el canciller Pablo Quirno reafirmó la postura del gobierno ante el terrorismo internacional y la alineación con Estados Unidos, en un contexto global marcado por tensiones en Medio Oriente y cambios en la política exterior estadounidense. El caso YPF, que se originó tras la estatización de la petrolera en 2012, sigue siendo un símbolo de la disputa por la soberanía energética y la relación de Argentina con los mercados internacionales.