El Gobierno de Santa Cruz y representantes de los municipios mantuvieron una serie de reuniones para analizar el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia que restablece el artículo 22 de la Ley 1.782, habilitando la posibilidad de descontar de la coparticipación municipal las deudas previsionales. El encuentro, realizado en el Ministerio de Economía y en Casa de Gobierno, contó con la presencia de intendentes de diversas localidades, quienes junto a funcionarios provinciales evaluaron alternativas para fortalecer la Caja de Previsión Social y evitar impactos negativos en las finanzas municipales.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, destacó el clima de diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos duraderos. "El objetivo es seguir trabajando con responsabilidad y encontrar alternativas que nos permitan arribar a acuerdos duraderos para fortalecer nuestro sistema previsional", expresó. Elmiger aseguró que el Ejecutivo no dispuso retenciones automáticas de fondos y que el fallo judicial no pone en riesgo el pago de salarios ni jubilaciones.

Por su parte, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, valoró la convocatoria y propuso avanzar hacia un pacto fiscal entre provincia y municipios, comprometiéndose a garantizar los aportes previsionales de los nuevos empleados y tratar las deudas acumuladas de manera gradual.

Sin embargo, desde la oposición, el diputado Carlos Godoy cuestionó la medida, advirtiendo que podría utilizarse como presión política para aprobar un endeudamiento de 600 millones de dólares. Godoy alertó que la aplicación de descuentos podría comprometer la economía de municipios como Río Turbio y 28 de Noviembre, poniendo en riesgo el pago de salarios. "Esto prácticamente fundiría a los municipios", afirmó.

El Gobierno provincial reiteró su compromiso de sostener la Caja de Previsión Social y avanzar en acuerdos que también fortalezcan la Caja de Servicios Sociales. Las partes acordaron continuar el análisis técnico y volver a reunirse la semana del 20 de julio, en busca de soluciones consensuadas que brinden previsibilidad tanto a los municipios como al sistema previsional de la provincia.

El debate se da en un contexto de tensiones políticas y económicas, con reclamos salariales y conflictos sociales en Santa Cruz. Mientras el oficialismo apuesta al diálogo y la transparencia, sectores opositores insisten en la necesidad de consensos amplios y responsables para evitar crisis institucionales y garantizar los derechos de los trabajadores.