El caso conocido como "Libra Gate" ha escalado en complejidad, involucrando investigaciones en Argentina y Estados Unidos. La criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente argentino Javier Milei, está en el centro de un presunto fraude que afectó a miles de inversores.

En Argentina, el fiscal federal Eduardo Taiano ha solicitado información sobre las líneas telefónicas de Milei, su hermana Karina y otros implicados, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Estas medidas buscan realizar un entrecruzamiento de llamadas para esclarecer las comunicaciones relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA. Además, se han ordenado allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, mientras se investigan movimientos sospechosos en billeteras virtuales.

Por otro lado, la justicia estadounidense ha congelado $280 millones vinculados al caso, incluyendo $57 millones en criptomonedas USDC. La jueza Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, calificó esta medida como un paso crucial para garantizar justicia a los afectados. Según los demandantes, más de 75,000 personas fueron defraudadas, con pérdidas que superan los $200 millones. La investigación en EE.UU. también incluye figuras internacionales como Hayden Davis y empresas como KIP Protocol y Meteora.

El lanzamiento de $LIBRA ocurrió el 14 de febrero de 2024, seguido de un colapso en su valor. La criptomoneda fue presentada como una oportunidad para apoyar la economía argentina, pero carecía de documentación técnica como un "White Paper", lo que generó sospechas desde el inicio. En las semanas posteriores, se identificaron movimientos sospechosos en billeteras virtuales y reuniones entre los implicados en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

La implicación de Milei en el caso ha generado críticas sobre su rol en la promoción de $LIBRA y su relación con los organizadores. Aunque el presidente ha insistido en que solo difundió el enlace de la criptomoneda, los documentos judiciales señalan que su respaldo fue clave para generar interés entre los inversores.

En paralelo, los querellantes en Argentina y EE.UU. buscan justicia para los damnificados, mientras los acusados intentan desestimar las pruebas. La opinión pública está dividida, con debates sobre la regulación de criptomonedas y la responsabilidad de figuras públicas en su promoción.

El caso sigue en desarrollo, con audiencias programadas y nuevas pruebas que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones. La próxima audiencia en EE.UU. está programada para el 9 de junio de 2025, donde los demandados deberán comparecer ante la justicia.