En los últimos 22 a 24 meses, Argentina atravesó un proceso de ajuste económico y reconfiguración estatal que resultó en el cierre de casi 20.000 empresas y la pérdida de más de 220.000 empleos registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La mayoría de las empresas afectadas fueron pymes, con menos de 50 trabajadores, y los sectores más golpeados incluyeron la construcción, la industria manufacturera, el comercio y el sector público.

El gobierno de Javier Milei implementó una política de reducción del Estado, conocida popularmente como la "motosierra", que implicó la disminución del 17,25% de la dotación estatal y la eliminación de cerca del 40% de las unidades organizativas superiores entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Esta reorganización priorizó funciones de seguridad y defensa, mientras que áreas sociales, de salud, educación y ciencia sufrieron recortes presupuestarios de hasta el 80%. "El modelo de Estado que emerge prioriza funciones de seguridad y defensa", señala un informe de Fundar, que también destaca la reducción de superposiciones funcionales, aunque persisten algunas duplicaciones.

En el plano laboral, la Ley Bases facilitó la flexibilización de las condiciones de trabajo y la recentralización de organismos estatales. Sin embargo, los salarios privados cayeron un 5,5% en términos reales desde noviembre de 2023, y las jubilaciones mínimas perdieron un 16,5% de su poder adquisitivo. El consumo interno no logró recuperarse, afectado por el aumento del desempleo y la caída de los ingresos familiares, mientras que la inflación, aunque menor que en 2023, continúa superando el crecimiento salarial.

El gobierno justifica estos cambios como necesarios para resolver la superposición de funciones y el sobredimensionamiento organizacional, buscando mayor eficiencia y control fiscal. Por su parte, organizaciones sociales y sindicatos advierten sobre el impacto social de los recortes y la pérdida de derechos laborales. Analistas consultados señalan que la reorientación estatal podría profundizar las desigualdades y debilitar áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

El proceso de ajuste y reorganización estatal en Argentina sigue generando debate sobre sus consecuencias a largo plazo, tanto en términos económicos como sociales, y plantea interrogantes sobre el futuro del modelo productivo y el rol del Estado en la sociedad.