La reciente decisión judicial que suspendió la eliminación del asueto por el Día del Trabajador del Estado desató una nueva controversia entre el Gobierno nacional, los sindicatos estatales y el Poder Judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender provisoriamente los efectos del DNU 430/25, que eliminaba el feriado del 27 de junio para empleados públicos.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de la red social X que el Ejecutivo apelará la decisión, argumentando que la jueza actuó fuera de competencia y vulneró garantías constitucionales como el debido proceso. "No podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares", expresó Adorni, quien además calificó la medida judicial como una protección de privilegios y una intervención indebida en las atribuciones del Ejecutivo.

Por su parte, los sindicatos estatales celebraron la restitución del día no laborable. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que el fallo beneficia a todos los empleados estatales y no solo a los afiliados a su gremio. "Los derechos no se eliminan por decreto", sostuvo Aguiar, quien también destacó que la medida judicial representa un freno a lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

El trasfondo de la disputa radica en el plan de ajuste fiscal y racionalización del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei, que incluye la reducción de feriados y beneficios específicos para el sector estatal. Desde el Gobierno, justifican la eliminación del asueto como una medida para modernizar la administración y optimizar el uso de los recursos públicos.

La controversia pone de manifiesto la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el fuero laboral, en un contexto de reformas estructurales y resistencia sindical. El futuro del asueto por el Día del Trabajador del Estado queda ahora en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá resolver la apelación presentada por el Gobierno.